El problema agrario y por ende la posesión de la tierra en la Región del Ariari y en Colombia está estrechamente relacionada. Bajo este contexto, y dada la fragmentación de los diferentes grupos guerrilleros, el proceso de paz colombiano ha tenido que desarrollarse de manera parcelada y escalonada, con las consecuencias tanto positivas como negativas que esto conlleva (dos sedes para las negociaciones: La Habana y el Ecuador).
En este sentido, y dado que el proceso de paz que realiza el Gobierno Santos con el grupo guerrillero de las FARC-EP se encuentra en curso, no se ha encontrado evidencia que especifique el problema agrario en el posconflicto y sus posibles impactos a nivel regional o local. Sin embargo en este texto se quiere mirar el problema agrario –centrado en la tenencia de la tierra y su uso en un posible posconflicto y los vínculos de éste con el conflicto armado colombiano.
La tierra es vista en general como un fundamento para la paz, Restrepo y Bernal (2014) plantean la tesis de la insuficiencia de tierras de propiedad del Estado que imposibilita el cumplimiento del mandato constitucional de garantizar el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios y establecen que para su consecución tendrá que efectuarse una reforma agraria “redistributiva” que deberá contar con instrumentos legales ágiles y con tierras suficientes. Bajo este contexto, las tierras del Estado necesarias para efectuar las asignaciones, podrían ubicarse con la creación de un gran banco conformado con la recuperación de grandes extensiones de baldíos (tres millones de hectáreas recuperables), la disposición real de las tierras confiscadas en poder de la Dirección Nacional de Estupefacientes (400.000 hectáreas) y la desafectación de otras tierras que fueron parte de reservas forestales que dejaron de serlo desde hace tiempo. Igualmente, los autores indican que en el posconflicto es necesario establecer los mecanismos para dotar de tierras a los campesinos y que se debe contemplar la protección a los beneficiarios de las adjudicaciones, solucionar los conflictos campesinos vigentes, coordinar las agendas ambientales y de desarrollo rural y promover una política de defensa de las necesidades de la población rural.
El economista Jorge Luis Garay (2014) señala que en Colombia se ha reproducido en la práctica un modelo de desarrollo rural de carácter excluyente, consecuente con una elevada concentración de la propiedad de la tierra, un exagerado nivel de informalidad de la relación con la tierra por parte del campesinado y, por ende, una excesiva precariedad de sus expectativas de derecho de propiedad, una profunda exclusión social y marginamiento, y un escaso acceso a servicios sociales básicos y bienes públicos de una gran proporción de la población rural. Ejemplo de esto lo encontramos en la Región del Ariari del Meta.
Bajo estas circunstancias en un eventual posconflicto se requiere de la implantación de un modelo de desarrollo rural con enfoque territorial que propenda por una progresiva inclusión social y un reconocimiento del campesinado como agente social, productivo y político para la transformación de la ruralidad en Colombia, aparte de instituir a la tierra como un verdadero factor de producción y no de acumulación de poder. El anterior escenario sería posible con la condición indispensable de abolir o desmantelar las raíces del rentismo y la ilegalidad y de reforzar los fundamentos de un Estado de Derecho en amplias regiones.
Finalmente, Absalón Machado (“s.f”) analiza el problema agrario y el conflicto y al respecto indica que la tierra significa economía e ingresos cuando se le utiliza adecuadamente y sus precios reflejan el potencial productivo, pero a su vez significa también poder y dominio social y político cuando se le usa para ejercer dominio sobre la mano de obra y para acceder a rentas institucionales y prebendas del Estado. En este sentido, en la Región del Ariari, la tierra o el suelo y su uso es un elemento estratégico para la producción y el sostenimiento de sistemas productivos y para garantizar la estabilidad de los asentamientos humanos y de sus ingresos cuando los productores manejan productos con demandas dinámicas en el mercado o que configuran patrones de competitividad en encadenamientos productivos. Por tanto, el acceso a la propiedad y el uso de la tierra con fines productivos se constituyen en una estrategia de supervivencia y mejoramiento de ingresos y nivel de vida de las familias rurales.
Resumiendo tenemos que en un posconflicto la población campesina de la Región del Ariari y del departamento del Meta, tendría beneficios políticos, económicos y sociales y jugaría un papel preponderante en la elaboración y ejecución de las diferentes políticas públicas; sin embargo estos beneficios, estarían supeditados a los diferentes planes, programas, proyectos e inversiones públicas, que en materia de desarrollo rural integral se generen a nivel nacional y la existencia de una voluntad política regional que quiera y adopte la modernización , que el Meta espera desde años atrás,
Emilio García Gutiérrez
Docente ESAP, Villavicencio
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