¿
Cómo explicar que unos diputados que dicen estar con el gobierno, quisieron
hundir el proyecto en tercer debate? Presidente Asamblea del Meta
Marcela Amaya gobernadora del Meta ha
expresado que su actuar como mandataria
se ha visto perjudicada porque la Asamblea del Meta (seis asambleístas, que
conforman la mayoría) no le han dado las
facultades para adelantar los procesos
de contratación. Esto lo ha afirmado en
diversas intervenciones ante la comunidad, ha dicho además que la corporación era
consciente de la necesidad de contratación del transporte y alimentación
escolar y que el 02 de enero radicó el proyecto de ordenanza 01 de 2016 con base en la ley para las autorizaciones, pero
desafortunadamente no hubo la voluntad de la mayoritaria y prácticamente tenía
las manos amarradas, sin justificación.
Oro Oro consultó ambas partes para establecer
los pormenores de esta disputa entre los
poderes ejecutivo y legislativo del departamento. Amaya García expresa que la
ordenanza como fue aprobada es inconstitucional e ilegal y que su gobierno
nunca fue invitado para explicar a la Duma las necesidades de orden
administrativo, jurídico y presupuestal,
limitándola en tiempo y monto. Dice que el Tribunal Administrativo del Meta
través de un fallo le ha dado la razón.
Al ser consultada sobre la decisión de
los diputados, pues han afirmado que es un control político, o si considera una
oposición, la mandataria expresó que tal vez los diputados no entendieron la
parte jurídica “yo no puedo creer que me
estén haciendo un control político a pocas semanas de haber empezado mi
periodo, no hecho ninguna acción para que lo tengan que hacer” y le cuesta
creer que seis miembros de la corporación hablen de hacer control a su trabajo”,
enfatizó: “Permítanos gobernar y una vez
gobernemos, bienvenido el control político”
Por su parte el presidente de la Asamblea
Mauricio Niño Guayacán expresó que en el trámite de una ordenanza se necesitan
como mínimo tres semanas, por eso nunca un mandatario empieza desde la primera
semana con facultades, hay que designar
ponentes para primer debate, luego se discute, y si ésta es aprobada entonces
pasa a la comisión de presupuesto y en ésta instancia también se designan
ponentes, quienes deben presentar un informe de ponencia y dependiendo del
informe y la aprobación, entonces se lleva a segundo debate, posteriormente se
lleva a un tercer debate, y quienes fueron los ponentes del primer debate
vuelven a ser ponentes de esta tercera instancia, ése es el proceso para cualquier
ordenanza, luego hay que entender que se requiere del tiempo necesario, recordó
que hace 4 años el 25 de enero de 2015 se le otorgaron las facultades al
entonces gobernador Alan Jara y no hubo escándalos, dice el presidente que el
21 de enero de este año se iban a aprobar en primer debate las facultades, pero
debido a una Acción de Tutela del Juzgado Primero Especializado de
Villavicencio se suspendió la ordenanza 896,
sobre la cual se basó la señora gobernadora para pedir facultades, esto
originó que los ponentes solicitaran aplazar el debate para la respectiva
consulta jurídica debido a que un Juez de la república había dejado sin efecto
dicha Ordenanza. Esa fue la causante de la demora de 15 días más fuera de lo
normal, y no fue por falta de voluntad de la Asamblea como se ha querido hacer
creer, el 9 de febrero se le entregó para sanción de la
mandataria.
Lo que se modificó fue el tiempo de
las facultades, la Doctora Amaya pidió 1 año y los ponentes aprobaron 6 meses, y sugirieron que hubiera
una restricción solamente para contratos de obra pública y convenios
interadministrativos que superaran los 6 mil 900 millones de pesos.
Al consultar al doctor Niño Guayacán si
es cierto que el veedor del partido liberal va iniciarle investigación por no
aprobar o estar a favor de la gobernadora que es de su partido, respondió: “en este
caso tengo que manifestar que por más amigo y por más que sea del mismo partido
del gobernante como diputado no tiene por qué verse expuesto a hacer caso y aceptar
todas las propuestas del gobierno departamental como es el caso, la labor como
diputado es ante todo de control político y administrativo, el hecho que tenga
un criterio jurídico de las competencias que tenemos como asamblea
en contradicción de los asesores jurídicos de la gobernación no significa
que no esté respaldando al gobierno de la doctora Amaya, y las constancias
están en que tanto en los debates de comisión como en plenaria voté positivo. ¿Cómo se explica que unos diputados que dicen
estar con el gobierno, quisieron hundir el proyecto en tercer debate, votando 5
de ellos negativamente y donde yo hubiera votado negativo, en este momento la
señora gobernadora estaría en una crisis administrativa?
Afirma que por las objeciones se
nombró una comisión, la cual se pronunciará si se aceptan o rechazan y frente a
la determinación que tome el Tribunal Contencioso Administrativo, se discutirá
con los asesores si se acude al Consejo de estado, esto servirá para sentar
jurisprudencia frente al régimen departamental, toda vez que se ha venido
haciendo analogía con el régimen municipal
El presidente de la Duma considera que
puede existir un interés de quienes pretenden la contratación del departamento para
que rápidamente se inicien estas, “tienen
intereses de que hayan facultades sin límites de cuantía y que no se haga
ningún tipo de observación o control por parte de esta corporación”.
Finalmente el presidente de la Asamblea
dice que no existe ninguna confrontación entre esta corporación y la
gobernadora, lo que hay es una diferencia de criterios jurídicos, los cuales se
esperan superar para armonizar trabajo por el departamento durante estos 4 años
y confianza que como diputado liberar pueda
respaldar las buenas acciones del gobierno departamental.
Alexander
López Castaño
Codirector
Oro Oro
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